El suceso se produjo este martes sobre las 15.00 horas, cuando el detenido, de 39 años y natural de Albacete, fue sorprendido supuestamente "escondiéndose productos del establecimiento sin intención de pagar" y comenzó a insultar y a agredir al vigilante.

Las mismas fuentes han explicado que al detenido se le unieron varios familiares que se encontraban con él, quienes antes de abandonar el lugar participaron también en la agresión a la encargada del supermercado, que se acercó para mediar en la reyerta.

Tras una batida por la zona para localizar a los agresores, el vigilante de seguridad reconoció a la persona que le había comenzado a agredir, quien insultó y amenazó de muerte a los agentes, e incluso agredió a uno de ellos, produciéndole lesiones.

Debido al "cariz agresivo que había tomado la situación", se identificó y se detuvo al supuesto agresor, han asegurado las mismas fuentes.

Estas atribuciones incluyen la autorización, la inspección, el control y la sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en la comunidad, así como la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía de la Generalitat y las policías locales de Cataluña.

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la modificación del decreto de seguridad privada de 1995 que, a partir de las competencias que corresponden a la Generalitat, determina los órganos del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, al que corresponde ejercerlas.

Este es el último paso necesario por poder asumir plenamente las atribuciones en esta materia por parte de la Generalitat. Desde la aprobación del Estatuto, la Generalitat pasó a ser competente para inspeccionar y sancionar todas las actividades de seguridad privada que se cumplan en Cataluña.

Hasta entonces, estas competencias estaban limitadas a las empresas de seguridad que tenían el domicilio social en Cataluña y su ámbito de actuación estaba limitado a la comunidad autónoma.

Además, con el nuevo Estatuto las autorizaciones de los centros de formación del personal de seguridad privada que desarrollen su actividad en Catalunya también pasa a ser competencia de la Generalitat, a través del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, que asume estas competencias.

UGT ha explicado que Pilar Muñoz, de 54 años, ha fallecido en el hospital 12 de Octubre tras permanecer más de un mes en coma como resultado del accidente.

La trabajadora resultó herida muy grave el pasado 29 de septiembre tras cerrar la puerta metálica corredera de la obra de una subestación eléctrica de Iberdrola, en la que trabajaba, según ha recordado hoy UGT.

El sindicato ha denunciado que la puerta, que pesaba varios cientos de kilos, representaba un grave riesgo desde hacía tres meses, ya que no tenía ningún mecanismo de seguridad, ni eléctrico ni mecánico, lo que hizo que se saliese de las guías.

La trabajadora sufrió graves secuelas al queda atrapada por la cabeza y ha estado en coma más de un mes en el hospital 12 de Octubre, en el que finalmente ha fallecido.

Su muerte eleva a 108 el número de personas fallecidas en accidente laboral en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, "muchos de los cuales se podrían haber evitado si se cumpliese la ley", según ha explicado UGT.

El sindicato ha trasladado su pésame y solidaridad a los familiares y allegados de Pilar Muñoz y ha expresado su profundo rechazo y denuncia ante estos accidentes, que ocurren "por falta de aplicación de las normas laborales relativas a la seguridad de los trabajadores".

El primero de los arrestos se practicó alrededor de las doce y media del mediodía, poco después de que el responsable de seguridad de un centro comercial del barrio de Lakua comunicara que tenían retenida en el lugar a una mujer a la que habían sorprendido robando.

Al parecer, el vigilante había logrado interceptar a la sospechosa cuando trataba de abandonar un establecimiento llevándose un carro cargado con diferentes productos cuyo importe no había abonado. Tras recibir el aviso, una patrulla de seguridad ciudadana acudió al centro e identificó a la mujer, comprobando además que el valor de la mercancía que había tratado de hurtar superaba los 800 euros.

Por ello, procedió a la detención de MC.J.J., de 40 años, y a su posterior traslado a dependencias policiales con el fin de realizar las pertinentes diligencias.

ZARAMAGA

Por otro lado, pasadas las nueve de la noche, la Ertzaintza fue alertada de otro robo de similares características, ocurrido en este caso en una tienda de ropa de un centro comercial del barrio de Zaramaga.

Efectivos de la Policía vasca acudieron al lugar indicado, donde constataron que el joven al que el personal de seguridad mantenía bajo custodia había intentado sustraer diferentes prendas de vestir, después de que la responsable del comercio se percatara de los hechos e impidiera que lograra su objetivo.

El sospechoso, que carecía de documentación y no aportó datos fiables sobre su domicilio, fue arrestado. En dependencias policiales, los agentes pudieron confirmar que se trataba de AI.T., de 20 años de edad. Próximamente el detenido será puesto a disposición judicial.

Por su parte, el abogado defensor ha solicitado la libre absolución del acusado, de iniciales F.J.R.P, durante el juicio que hoy ha quedado visto para sentencia tras más de cinco oral de vista oral celebrada en la sala de lo criminal de la Audiencia Provincial de Zamora.

La fiscalía también ha propuesto que el acusado haga frente a una indemnización de 1.190 euros por los daños originados por el incendio y que se declare responsable civil subsidiaria a la empresa de seguridad para la que trabajaba.

Por el estrado han pasado ocho testigos y tres peritos que relataron detalles del incendio, que afectó a tres baldas de una estantería que contenía varios expedientes judiciales de Menores ya resueltos.

El fuego fue sofocado antes de que llegaran los bomberos por el propio guarda jurado, que utilizó un extintor que había en el edificio judicial y llegó a sufrir quemaduras al intentar apagar las llamas.

Al término del juicio, el vigilante jurado que se ha sentado en el banquillo de los acusados ha admitido que debió ser él el que causó el incendio porque los hechos ocurrieron un sábado, cuando las dependencias se encontraban cerradas y él era el único que estaba allí.

Pese a ello, ha querido aclarar que no provocó el incendio de forma intencionada como sostiene la fiscalía.

Sin embargo, el ministerio público sostiene que el acusado tuvo ánimo de dañar las instalaciones debido a que se iba a cambiar la empresa encargada de la seguridad del Juzgado de Menores y el vigilante jurado podía quedarse sin trabajo.

La fiscalía se ha basado en la declaración de los bomberos que acudieron al aviso de incendio para sostener que el fuego se había originado con algún líquido inflamable.

Sin embargo, la defensa ha recordado que uno de los agentes de la policía científica que declaró en el juicio descartó que el origen del incendio estuviera en algún líquido inflamable y, en vez de ello, ha opinado que pudo haberse provocado con una colilla mal apagada.

Los hechos tuvieron lugar a finales de septiembre, cuando varios individuos encapuchados irrumpieron en las instalaciones con la intención de sustraer la recaudación del centro.

Los detenidos sorprendieron y agredieron por la espalda al vigilante de seguridad que custodiaba el lugar, al que posteriormente maniataron. Al no conseguir lo que pretendían sustraer se llevaron los efectos personales del vigilante de seguridad.

Fruto de la investigación, se pudo detener en Arrecife de D.A.G.P., de 25 años de edad, e I.R.D., de 24 años, ambos de nacionalidad española por su implicación en un presunto delito de robo con violencia y la intervención total de los efectos sustraídos.

Asimismo, el pasado día 21 se procedió a detener en Costa Teguise a un tercer implicado en el suceso, A.G.C., de 26 años de edad y también de nacionalidad española.

El titular del Juzgado de Instrucción número Seis de Arrecife decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos e imputó al resto.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial les ha hablado sobre los perfiles de los delincuentes y las nuevas formas de criminalidad; de la detención de un delincuente; de cómo recoger pruebas o de cómo preservar el lugar en el que se ha cometido un acto delictivo para facilitar luego la labor de los guardias civiles encargados de la investigación y recolección de pruebas.

Y por último, personal especializado de esta Comandancia les ha explicado técnicas de tiro; técnicas de escolta y protección de convoyes y cómo reaccionar ante un atentado.

Toda esta teoría también se ha visto completada con ejercicios prácticos relacionados con cada una de las materias: ejercicios de tiro; prácticas de identificación, cacheo y detención y prácticas de reacción ante un atentado a un convoy.